Marcha pide derogar reglamento

Ayer, las agrupaciones marcharon por las calles de Cuenca para dar a conocer su malestar por las medidas del Gobierno. Entre estas la Ecuarunari, Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay, FOA, la Unión de Comunas, Comunidades y Cooperativas del Cañar, UPCC, Unión de Sistemas Comunitarios de Agua de Girón, UNAGUA, sistemas comunitarios de agua de Checa, Sayausí, entre otras.
La marcha inició alrededor de las 10:30 desde el sector del redondel de Turi, en la Circunvalación Sur, para dirigirse primero a la oficina de la Corte Constitucional ubicada en la avenida José Peralta y Doce de Abril, donde entregaron la demanda que busca derogar el reglamento a la Ley de Aguas.
Ahí los atendió Cristina Toral, coordinadora regional de la Corte Constitucional, quien al recibir el documento de la demanda indicó que se enviará a Quito para su trámite.
Luego las agrupaciones se trasladaron al Parque Calderón, donde se ubica la Gobernación del Azuay para hacer la entrega de una copia del documento. Por la ausencia del gobernador, Leonardo Berrezueta, el documento lo recibió un funcionario.
Alrededor de las 13:00, la manifestación se dirigió a la oficina de la Contraloría General del Estado, ubicada en la calle Mariscal Lamar y Benigno Malo, para hacer la entrega de un pedido de auditoría sobre las acciones del Gobierno.
El pedido de auditoría está dirigido a los contratos de concesión e ingreso de rentas petroleras en el período 2007-2015, al endeudamiento público en el período 2010-2015. Además a los contratos por la concesión de telefonía móvil con las empresas Claro y Movistar, y a los gastos que ocasionan hasta el momento los 427 enlaces ciudadanos desarrollados por el Gobierno.
El documento lo recibió Álvaro Vintimilla, delegado provincial de la Contraloría, quien indicó que ayer mismo se lo pondría en conocimiento de Carlos Pólit, contralor general del Estado.

Pronunciamientos
Carlos Pérez, presidente de la Ecuarunari, manifestó que los documentos que se presentaron para la demanda y auditoría se tratarán en Quito por lo que esperan en un lapso de 30 a 45 días recibir las notificaciones. Indicó que mientras se espera la respuesta de las instituciones “se acogerán al derecho a la resistencia y desobediencia civil”.
Por su parte, Lauro Sigcho, presidente de la FOA, manifestó que la demanda inconstitucional al reglamento a la Ley de Aguas es para evitar que el Estado se apodere de los sistemas comunitarios de agua para los que trabajaron las poblaciones, mientras el pedido de auditoría es para que Contraloría haga una investigación a las acciones del Gobierno en especial por los gastos de las rentas petroleras. (BPR) (I)

Defensa de sistemas
comunitarios

Víctor Buestán, representante de los sistemas comunitarios de la parroquia Sayausí, indicó que el Gobierno con el reglamento a la Ley de Aguas “quiere terminar con los sistemas de agua comunitarios para hacerse cargo”. Manifestó que las comunidades manejan los sistemas con trabajo voluntario, vocación de servicio y humanismo.
Por su parte, Mario Fajardo, presidente del sistema comunitario de agua San Andrés de la parroquia Checa, dijo que el reglamento que emite el Gobierno está en contra de todos los sistemas comunitarios de las parroquias. Expresó que el reglamento establece que si no se cumplen con las normas “para que las aguas sean tratadas” los sistemas pasan a manos de los municipios y juntas parroquiales.

Fuente: Diario El Tiempo.