Quito: La CIDH, la última opción de Cléver Jiménez
En el país, las instancias a las que pueden recurrir el asambleísta Cléver Jiménez, su asesor Fernando Villavicencio y el médico Carlos Figueroa se agotaron. Con la negación del recurso de casación, por parte de la Corte Nacional de Justicia, quedó en firme la condena a 18 meses de prisión para el legislador y su asesor. Así como 6 meses para Figueroa. La pena establecida por la jueza Lucy Blacio, en abril del 2013, por el delito de injurias también establece el pedido de disculpas públicas al presidente Rafael Correa y el pago de USD 140 000. Este juicio se planteó tras las acusaciones de lesa humanidad que los tres formularon contra Correa, por los hechos del 30-S La condena no se ejecutará hasta dentro de unos ocho días, puesto que en 48 horas la sentencia debiera notificarse, a la que solo es posible aplicar los recursos de ampliación y aclaración que, según los cálculos de los abogados defensores, únicamente podría dilatar el proceso unos seis días más. Ayer fue un día ajetreado para Jiménez y Figueroa. Desde la mañana tuvieron reuniones en la sede de Pachakutik, con un grupo de abogados, para definir las futuras acciones que a nivel nacional e internacional pudiera emprender. Villavicencio no estuvo presente. En Pachakutik, una fuente dijo que habría salido del país. El viceministro del Interior, Javier Córdova, dijo desconocer esta versión y aclaró que estarán atentos. Su situación es compleja y, como lo explican los abogados, Jiménez, Villavicencio y Figueroa tienen cuatro caminos: esperar a que los tiempos trascurran e ir a la cárcel para cumplir la condena; abandonar el país; buscar un asilo político en alguna embajada o esperar a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dicte medidas cautelares a su favor. Precisamente, este último punto es por el que apuesta Jiménez quien se autodefine como un «perseguido político, porque fui juzgado sin que se me levantara mi inmunidad en un caso donde no se respetó el debido proceso». En su criterio, esas condiciones debieran ser consideradas por la CIDH. Jiménez comenta que hace un mes los tres ya expusieron ante el organismo hemisférico su situación, adjuntándose además la información relacionada con el reciente allanamiento a su oficina y a la de Villavicencio, por las investigaciones sobre un presunto ‘hackeo’ a los correos del Presidente y otros funcionarios. A la CIDH también llegará la confirmación de la sentencia, en el juicio por el 30-S. «Esperemos que la CIDH actúe a tiempo y evite esta violación a los derechos humanos». El jurista Hernán Salgado ratificó que dentro del país las instancias a las que pueden recurrir Jiménez, Villavicencio y Figueroa se agotaron. «Han concluidos los trámites internos y queda el camino expedito para el reclamo internacional». Él compara este caso con el de diario El Universo en donde la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia en su contra, ante lo que la CIDH dictó medidas cautelares. De darse estas acciones se suspendería la detención de los inculpados hasta que el caso sea conocido por la Comisión. Si aquello sucede, Salgado dice que el Estado está obligado a acatarlas medidas, caso contrario el Ecuador «quedaría como un país que irrespeta los derechos humanos». «Todo está allanado para que intervenga la CIDH, no queda otro camino». Pero el abogado del presidente Rafael Correa, Caupolicán Ochoa, sostiene que la intervención de la CIDH en este caso estaría demás pues este organismo solo puede intervenir cuando hay violaciones a los derechos humanos, pero en este caso eso no sucedió. «Quien fue violado en sus derechos fundamentales al haber sido acusado de delitos atroces fue el señor Presidente, la honra también es un derecho fundamental». Ochoa ratificó que en el caso de Jiménez hubo un delito cometido, un debido proceso y una sanción que se impone por el cometimiento de un delito. «Ahora todos los delincuentes de este país van a pedir que intervenga la CIDH argumentando que ha sido violentado su derecho humano a la libertad o cualquier otro». Diversas reacciones dentro de la Asamblea La confirmación de la sentencia contra el legislador Cléver Jiménez fue rechazada por los asambleístas de oposición. Los oficialistas no criticaron la medida. Para el primer grupo se irrespetó la condición de la inmunidad parlamentaria , con lo cual la intención sería amordazar a las voces críticas. Para los oficialistas se trató de un proceso legal, apegado a derechos y donde se sancionó de manera regular un delito. El oficialista Mauro Andino pidió no confundir inmunidad con la impunidad, pues «so pretexto de ser asambleístas no se puede denigrar o injuriar. Si Jiménez cometió un delito y luego del proceso fue condenado debe cumplir». Luis Fernando Torres (Creo) califica la condena como una «crónica de una muerte legislativa anunciada». «Jiménez peleó ante una justicia sometida y fue despojado de su inmunidad de manera arbitraria e inconstitucional por una jueza que no ha leído la Constitución». En contexto Dos procesos rodean a Jiménez y a Villavicencio. El primero es la contrademanda que planteó el Presidente por unas acusaciones que los dos le formularon a propósito del 30-S. Este caso se sentenció ya en la Corte Nacional. El otro es una indagación por el supuesto espionaje de correos, «En ocho días perderé mi condición de asambleísta de la República e iré preso, perderé la libertad y también la curul, todo de golpe».
Fuente: Diario El Comercio