Perú niega extradición de Welmer Quezada y dice que es perseguido

La Corte Suprema de Justicia de Perú negó la solicitud de extradición del empresario ecuatoriano Welmer Quezada Neira. Entre los argumentos para la decisión se destacó una supuesta persecución irregular y falta de imparcialidad de la justicia ecuatoriana. Quezada, de 57 años, fue detenido en el aeropuerto de Lima, el 5 de septiembre pasado, por una orden internacional, con difusión roja, publicada por la Interpol el 26 de agosto. Uno de los últimos ecuatorianos en ser detenidos por pedido de la Interpol fue el exlegislador Galo Lara, en Panamá, desde donde fue extraditado al país el 14 de noviembre. La justicia ecuatoriana y puntualmente la Fiscalía también ha solicitado las extradiciones desde Estados Unidos de los hermanos Roberto y William Isaías (sentenciados a 8 años de prisión por peculado), de Pedro Delgado, expresidente del Banco Central, así como del expresidente Jamil Mahuad, condenado a 12 años de cárcel por peculado. Asimismo, es requerido por la justicia el excomandante de la Policía, Édgar Vaca, quien fue llamado a juicio en un caso de lesa humanidad. 91 ecuatorianos se encuentran en las listas con notificación roja que difunde la Policía Internacional, según publicó el oficialista diario El Telégrafo. El proceso de extradición de Quezada fue solicitado por la justicia ecuatoriana, con el respaldo de la Procuraduría y la Fiscalía de la Nación. Durante este período, el ecuatoriano permaneció con arresto domiciliario en Lima. Inicialmente, el 13 de octubre del 2014, el fiscal Galo Chiriboga, incluso solicitó su deportación a su par Carlos Ramos Heredia, quien le informó que estaba en curso el proceso de extradición. Quezada, oriundo de El Oro, es considerado uno de los mayores importadores de electrodomésticos, automóviles y equipos de computación con presencia en 17 provincias del Ecuador. Es propietario de unas 14 empresas, entre ellas el diario de Machala, ‘Opinión’ y la radio Candela. El antecedente de su caso son sendas acusaciones de una presunta falsificación en declaraciones aduanerasde sus empresas. En contra de Quezada se abrieron cinco procesos judiciales, entre el 2007 y el 2009, en los juzgados de la Unidad Judicial Penal Norte de Guayaquil. La denuncia fue formalizada por la Corporación Aduanera el 11 de marzo del 2009, por una supuesta subvaloración de mercancías importadas en las compañías pertenecientes a este grupo de importación, que habría dejado un perjuicio de USD 1,6 millones al Estado. El exdiputado y exministro Jorge del Castillo, abogado de Quezada, le dijo a este Diario desde Lima que la orden de prisión dictada era apócrifa, por lo cual se habría engañado a Interpol. Además sostuvo que en Perú no cabe la extradición por delitos relacionados por el no pago de tributos aduaneros. Por pedido del Ministerio del Interior, la oficina consular de la Embajada del Ecuador en Perú contrató a la doctora Lilia Portillo, que inicialmente patrocinó al Estado ecuatoriano en el proceso. Ella sostuvo que los delitos por los cuales se sustentaba la extradición son por defraudación aduanera, que implican actos ilícitos con documentos referidos a transacciones comerciales e importaciones, así como asociaciones ilícitas evidentes. El proceso de extradición duró alrededor de tres meses y pasó por tres instancias judiciales hasta llegar a la Corte Suprema Precisamente, la providencia, dictada por la Sala Penal Permanente de Perú, dentro del expediente 169-2014, a la cual este Diario tuvo acceso, argumenta que según la legislación peruana la solicitud de extradición no procederá cuando “la recta impartición de justicia del Estado requirente no estuviera garantizada”. En el presente caso -indica el pronunciamiento- se ha evidenciado, incluso mediante la visualización de una videocinta durante el informe oral (sabatina de marzo del 2009), que “el Presidente de la República del Ecuador muestra desagrado por el ciudadano ecuatoriano requerido”, al punto de considerarlo como un ‘inmenso contrabandista’, contra quien ya tiene pruebas. Eso se observa en un video que es de acceso público colgado en YouTube con el título “Qcorp ladrones evasores Quezada”. En ese video el presidente Correa dice, refiriéndose a una investigación de la Corporación Aduanera Ecuatoriana: “Se trata de grandes contrabandistas, mecenas políticos, dueños de medios de comunicación, que siempre hacían de las suyas, estoy hablando del caso Quezada, ya tenemos todas las pruebas, pero para variar ya saltaron los abogados de siempre, para decir que es persecución política (…). Ahí están las pruebas de este inmenso contrabandista…”. Es más, agrega la providencia, la justicia ecuatoriana ordinaria había archivado las causas por las que hoy se le pretende extraditar. Sin embargo, la Corte Constitucional del Ecuador revivió todos esos casos e investigaron a los jueces de la justicia ordinaria que los habían archivado, señalaron los magistrados peruanos. “Con ello se estaría evidenciando una persecución irregular contra el ecuatoriano Welmer Quezada que no garantiza la recta impartición de justicia en el Estado requirente”. Así, los jueces acogieron los argumentos del abogado de Quezada que aseguró que los juicios planteados habían prescrito y que el delito tributario al que se refieren no permite la extradición, de acuerdo con la legislación peruana. Actualmente, Quezada permanece en Perú con estatus de turista y analiza, según su abogado, la posibilidad de requerir una visa de inversionista.

Fuente: Diario El Comercio