Reforma judicial que vinculó a Gustavo Jalkh con Rafael Correa, 11 años después le costó el cargo
Desde que Gustavo Jalkh Röbens asumió como presidente del Consejo de la Judicatura, en enero del 2013, la Función Judicial estuvo en entredicho. Haber sido funcionario del entonces presidente Rafael Correa, con quien mantiene la amistad, le valió la crítica no solo de partidos de oposición, sino de distintos sectores de la sociedad.
Jalkh, ahora de 51 años, con Correa se inició como ministro de Justicia en el 2007, luego pasó al Ministerio del Interior, función que terminó tras la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 y el cuestionado secuestro de Correa, que siempre fue defendido por quien enseguida se convertiría en su secretario particular.
Un año después, Jalkh dejó el Ejecutivo, según él, por decisión propia y no por sugerencia de Correa, para concursar en el proceso de selección de los miembros del CJ, que ayer fueron cesados por el Consejo de Participación Ciudadana (CPC) Transitorio.
“Participé en un proceso de selección y fui seleccionado, además volví a la Función Judicial donde había trabajado muchos años… Mi anhelo fue siempre trabajar en la reforma judicial… Yo participé con mi hoja de méritos…”, sostuvo Jalkh en una entrevista concedida hace pocos días a EL UNIVERSO.
Se refiere a su paso por la dirección ejecutiva del Programa Nacional de Apoyo a la Reforma de la Administración de Justicia del Ecuador (ProJusticia), de marzo del 2002 a diciembre del 2004; y mayo del 2006 a noviembre del 2007.
“Trabajar en la reforma judicial lo hago desde mis años universitarios creando espacios de asistencia legal gratuita; desde la universidad y luego me especialicé en los temas de reforma judicial, trabajé en el programa de reforma judicial en ProJusticia… Luego tuve la experiencia absolutamente positiva y enriquecedora de ser ministro del Interior, de Justicia y secretario particular de la Presidencia, que solamente es parte de un proceso de servicio público absolutamente pulcro”.
Sin embargo, ProJusticia, que en el 2008 fue adscrita al Ministerio de Justicia, fue eliminada en el 2010 con la Ley de Modernización del Estado.
El paso de Jalkh por ProJusticia fue causa de una investigación previa que abrió el exfiscal general Washington Pesántez, quien indagaba al entonces ministro del Interior y a otros exmiembros de esa entidad, por presunto mal manejo de $ 1,7 millones en la implementación de un plan informático para la Función Judicial.
No obstante, Jalkh dijo que se trataba de una arremetida de Pesántez por un juicio político que le preparaba un sector del bloque de Alianza PAIS en la Asamblea Nacional.
Los cuestionamientos contra Jalkh en el ejercicio de sus funciones nunca cesaron. Ya como presidente del CJ, Jalkh también ha sido cuestionado por la elaboración de concursos de méritos y oposición para la designación de jueces, fiscales, notarios, entre otros, y presuntamente favorecer a personas allegadas al correato. Ayer el CPC habló de manipulación y falta de transparencia.
Exjueces también denunciaron que fueron destituidos, con la figura del error inexcusable, por fallar en contra de las pretensiones del Ejecutivo o de cercanos al régimen.
Una serie de correos electrónicos entre Jalkh, Correa y el entonces secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, darían cuenta de supuestas órdenes del Ejecutivo.
En su momento, Correa y Mera negaron esas injerencias. Jalkh, en cambio, reconoce que hubo comunicación con la Presidencia, pero que esos e-mails pudieron haber sido trucados.
Asegura, además, por “la amistad basada en valores” con Correa, que este jamás le ha pedido “absolutamente nada, ni lo permitiría”. (I)
Fuente: Diario El Universo