ETAPA EP responde a denuncias presentadas por concejal
Autoridades de la Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado (ETAPA EP) respondieron ayer a las denuncias sobre irregularidades, en la entrega de dos contratos, presentadas por Cristian Zamora, concejal de Cuenca.
Se trata de la adjucación al Consorcio Delcon Consfercor de la Construcción de la Ampliación de la Planta Potabilizadora de Tixán por un valor de 10.666.209 dólares. Fue firmado a inicios de este año.
Y de la contratación del Consorcio Machángara para la Construcción de la Conducción de Saymirín-Planta de Tixán, Rehabilitación del Canal Machángara y Construcción del Interceptor XIII del Río Machángara por unos 10 millones.
Jacson Espinosa, técnico de ETAPA EP y presidente de la comisión técnica que adjudicó la primera de estas intervenciones, explicó que se rectificó las características del equipo caminero tras una fase de preguntas y respuestas.
Puntaje
Descartó que el contratista que resultó ganador se haya beneficiado de puntaje al hacer constar como mano de obra ecuatoriana productos y equipos que son importados. “El monto a importar es un parámetro que no puntúa…”, dijo Espinosa.
Por otra parte, Diego Cárdenas, funcionario de ETAPA EP e integrante de la comisión técnica que se encargó de la adjudicación de la segunda de estas obras, señaló que los cuestionamientos de Zamora no tienen fundamento.
Pues el edil denunció que la oferta que resultó triunfadora para la ejecución de estos trabajos presentó cerca de 50 rubros con salarios inferiores a los mínimos legales en el país.
Cárdenas justificó que en estos casos el valor que debe pagarse a todos los trabajadores debe ser los vigentes 30 días antes de la fecha del cierre para la presentación de ofertas.
Notificación
De su parte Iván Palacios, gerente de ETAPA EP, anunció que se valdrán de todas las medidas legales para pedir que Zamora demuestre las acusaciones a las que calificó como “malintencionadas”.
Palacios asimismo dijo que no han sido notificados de la denuncia presentada por el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) a la Fiscalía de Azuay por presento tráfico de influencias que involucra a personal de ETAPA EP.
En su denuncia el SERCOP identifica a los funcionarios de ETAPA EP cuyos familiares resultaron adjudicados. Solo a uno, que es primo de un técnico de esta dependencia municipal, se le entregó contratos por unos 14.000.000 de dólares.
Palacios asimismo refirió que continuarán con las dos obras debido a que se trata de infraestructura necesaria para garantizar la dotación de agua potable para la población. (CSM)-(I)
INVESTIGACION
Iván Palacios, gerente de la Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado (ETAPA EP), dijo que no conocen oficialmente nombres de funcionarios de esta dependencia que estén investigados por actos de corrupción.
“Hasta este momento no hemos recibido ningún documento por parte de la Fiscalía del Azuay sobre este caso de investigación, pero el momento que recibamos estaremos dispuestos a actuar…”, señaló.
Los datos sobre este proceso investigativo se encuentran en reserva debido a que este caso está en etapa de indagación previo, asimismo los nombres de las personas investigadas son reservados.
Palacios asimismo ratificó su respaldo a los representantes de las comiciones técnicas de la dependencia municipal encargados de los procesos de licitación para la adjudicación de las obras.
DETALLES
En marzo de este año iniciaron las obras de Ampliación de la Planta Potabilizadora de Tixán por un valor de 10.666.209 dólares. El Consorcio Delcon Consfercor está a cargo de los trabajos.
El últimos miércoles se firmó el contrato para la Construcción de la Conducción de Agua Cruda Saymirín-Planta de Tixán, Rehabilitación del Canal Machángara y Construcción del Interceptor XIII del Río Machángara.
El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) ha solicitado a la Fiscalía Distrital del Azuay una investigación por un presunto delito de tráfico de influencias en ETAPA EP.
El artículo 63 de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública prohibe que se entreguen contratos públicos a parientes de funcionarios en grado de consanguinidad o afinidad.
Fuente: El Mercurio.