Marcela Aguiñaga se ve perseguida tras diez años de escalada

El 2007, cuando empezaba el gobierno de Rafael Correa, era prometedor para Marcela Aguiñaga. Agregaba una especialización en derecho ambiental a su formación de abogada y su currículum comenzaría a llenarse más, muchísimo más, de experiencia en el sector público que en el privado. Una escalada tan alta como la millonaria glosa que hoy ratifica en su contra la Contraloría de Pablo Celi.

La responsabilidad civil culposa que la entidad de control estableció por el pago excesivo de $ 41 millones del Ministerio del Ambiente al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Amadas (Issfa) por la compra de los terrenos donde se construyó el parque Samanes significa que las personas glosadas, entre ellas la exministra Aguiñaga, hoy en su segundo periodo como asambleísta, “deberán responder por ese valor, incluso por la vía de la coactiva”, dice el abogado Rafael Oyarte.

Aguiñaga, que rechaza la acción de la Contraloría, tiene el camino administrativo, ante el mismo contralor, y el contencioso –en el plano judicial– para defenderse, añade otro experto en leyes, Stalin Raza.

Ayer, tras atender solicitudes de amnistías en la Comisión de Justicia que ella preside, Aguiñaga dijo que tomará esas vías. Siente persecución. “La Contraloría está siendo usada como una herramienta para coaccionar y para acallar a aquellos que somos críticos y discrepamos con el Gobierno actual”.

Aguiñaga se sitúa en la línea de los llamados ‘correístas duros’. Defensora de la inocencia del vicepresidente Jorge Glas, su nombre no aparece entre los firmantes del oficialismo que apoyan al presidente Lenín Moreno y su propuesta de consulta popular que plantea, entre otros temas, eliminar la reelección indefinida que ella y 99 correístas más aprobaron hace dos años.

Asesora jurídica en el Parque Nacional Galápagos entre 2001 y 2003 y consultora de la misma entidad un año después, Aguiñaga ejercía como abogada asociada del estudio jurídico del socialcristiano Heinz Moeller entre 2004 y 2006, cuando renunció para vincularse al Instituto Nacional de Pesca. Llegó el 2007 y con él su nombramiento como Subsecretaria de Recursos Pesqueros y ascendió, ese mismo año, a ministra del Ambiente, en lugar de Ana Albán.

Su cargo en esa cartera de Estado la visibilizó públicamente y la catapultó a ser proclamada como candidata para la Asamblea. Ganó y llegó a ser en 2013 la segunda vicepresidenta del Legislativo. Un año más tarde sustituyó a María de los Ángeles Duarte en la dirección de AP en Guayas. Atrás parecía quedar un “error de buena fe”, como defendió el año pasado el entonces secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, pero hoy Celi exige cuentas por esos $ 41 millones de más. (I)

Perfil
Marcela Aguiñaga

Edad
44 años

Profesión
Abogada (U. Católica, 1999); máster en Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable (U. de Guayaquil, 2007).

Empleos
Asesora jurídica y consultora del Parque Nacional Galápagos (2001-2003 y 2004); Abogada asociada al estudio jurídico Moeller, Gómez-Lince & Cía. (2004-2006).

Cargos públicos y de elección popular
Asesora en el Instituto Nacional de Pesca (2006-2007); Subsecretaria de Recursos Pesqueros (2007); Ministra de Ambiente (2007-2012); Asambleísta Nacional (2013-2017); Asambleísta por Guayas (2017-2021).