Ecuador: Tratamiento de situación de Cléver Jiménez enreda al bloque oficialista
Al bloque de Alianza PAIS (AP) no le resulta fácil repetir la posición del Ejecutivo de que las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Cléver Jiménez no están vigentes y que, en consecuencia, la sentencia ejecutoriada que le hace perder su calidad de asambleísta sigue en firme. En los hechos, él sigue siendo considerado un legislador.
Hasta el pasado miércoles, la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales pasaba lista nombrando a Jiménez, y Miltón Gualán asistía en calidad de alterno, pidiendo –mediante carta– que se justifique la falta del principal por razones de seguridad personal.
La noche del miércoles, el bloque de Gobierno debatió con la nueva ministra de la Política, Viviana Bonilla, qué hacer con el caso de Jiménez.
Ayer, la sesión convocada en el pleno fue suspendida por disposición de la presidenta Gabriela Rivadeneira 27 minutos antes de su instalación, prevista para las 09:30. Y es que la situación para el oficialismo se complicó porque Pachakutik ingresó a la Asamblea dos cartas firmadas por Jiménez, a las 08:52, dirigidas a Rivadeneira y a Fernando Bustamante, como presidente de la Comisión de Soberanía, notificándoles que en su reemplazo actuará Gualán. En el “recibido” de las cartas se lo trata como asambleísta.
Sobre el tema, los gobiernistas tienen al menos dos posturas. Un grupo sostiene que la sentencia fue ejecutoriada, y otro impulsa que el pleno debata, pero sobre las medidas cautelares y los límites de la inmunidad parlamentaria. Lo cierto es que el bloque espera que Rivadeneira sea dirimente.
Del lado de los que no quieren debatir en el pleno, Gabriel Rivera (AP) aseguró que la Asamblea tiene que acatar la sentencia emitida por la Corte Nacional de Justicia. “Está vigente la sentencia emitida por la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué tiene que debatir (el pleno)?”, dijo.
Virgilio Hernández (AP) sostuvo que en el pleno de la Asamblea se debe poner en conocimiento el oficio de la jueza con el cual se comunica la sentencia a la Asamblea y, en ese debate, se establezcan los límites de la inmunidad y se fundamente por qué no se acogen las recomendaciones de CIDH.
Para Luis Fernando Torres (PSC-Cambio) a AP le asustó la licencia que pidió Jiménez. “(AP) quiere evadir el tratamiento en el pleno, quieren hacerlo administrativamente”.
Fuera de micrófonos, varios legisladores oficialistas reconocen que en la noche del miércoles sí se reflejaron ciertas dudas e interrogantes sobre las consecuencias internacionales y los cargos económicos o legales que puedan pesar en el futuro sobre quienes no acataron las medidas cautelares.
La sentencia de la Corte Nacional de Justicia, hasta ayer al medio día, seguía solo en poder de Gabriela Rivadeneira.
Fuente: Diario El Universo