Prefecto se defiende de informe de Contraloría

Ayer el prefecto Paúl Carrasco se defendió del informe de Contraloría que investiga presuntos indicios de responsabilidad penal en su contra y de varios funcionarios y exfuncionarios del Gobierno Provincial del Azuay.

Se refirió a los recursos utilizados para la Caminata por la Defensa del Agua y la Dignidad de los Azuayos del 2012, y la investigación sobre sus bienes patrimoniales.

Antes de presentar sus argumentos, Carrasco criticó “la rapidez” con la que la Contraloría emitió el informe y la notificación de la Fiscalía para su comparecencia, por los indicios de responsabilidad penal del examen especial a los ingresos, gastos y procedimientos de contratación, adquisición, recepción y utilización de bienes, prestación de servicios y consultoría en el Gobierno Provincial, por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2012 y el 31 de diciembre del 2013.
Esto lo sostuvo porque el 18 de agosto pasado se emitió el informe de la Contraloría que llegó a la Prefectura dos días después. Finalmente la Fiscalía Provincial notificó la comparecencia de los procesados el 25 de agosto. “En cinco días el informe fue a Quito, pasó el debido proceso en la Fiscalía General del Estado y regresa a la Fiscalía Provincial; nunca había visto una rapidez así en un proceso”, comentó.
Dijo que a la par 53 notificaciones se elaboraron el 18, 19 y 20 de agosto que se entregan a la Prefectura del 7 al 18 de septiembre. “En tres días redactaron, analizaron y enviaron”, agregó.

 Indagación previa
La autoridad manifestó que informó a la Fiscalía que la Caminata por la Defensa del Agua se efectuó porque el recurso es competencia de la Prefectura, al ser parte del ambiente. Esto  amparado en el artículo 136 del Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD. Además con la autorización del Parlamento Popular, que en su informe no reconoce la Contraloría a pesar que la ley establece la participación social.
El artículo establece “Los gobiernos autónomos descentralizados regionales y provinciales en coordinación con los Consejos de Cuencas Hidrográficas podrán establecer tasas vinculadas a la obtención de recursos destinados a la conservación de las cuencas hidrográficas y la gestión ambiental, cuyos recursos se utilizarán, con la participación de los gobiernos autónomos parroquiales y las comunidades rurales, para la conservación y recuperación de los ecosistemas donde se encuentran las fuentes y cursos de agua”.
Dijo que para obtener los recursos para la caminata que no constaba en el Plan Operativo Anual, POA, que fue otra de las críticas, se efectuó sustentado en un informe jurídico, un proyecto con objetivos y actividades donde se planteó “qué partidas del área ambiental son utilizables y no se van a gastar”. Expresó que para esto se realizó un traspaso de créditos que faculta la ley.
Indicó que se utilizaron cerca de 73.000 dólares para el alquiler de vehículos, 558 buses para transportar a 22.000 personas, considerados en el proyecto como una herramienta logística junto a la provisión de insumos para el desarrollo de la caminata. Expresó que se lanzó el proceso de contratación “en el camino nos dimos cuenta que no iban a ver oferentes que presenten tantos buses por lo que se declaró como desierto el proceso e inmediatamente se creó un fondo para rendir cuentas que permite la Contraloría”.
Indicó que para justificar el pago de los buses se entregó facturas, liquidación de compra y las hojas notarizadas de cada uno de los transportistas que prestaron el servicio.

Investigación de bienes
El resultado del borrador del examen especial a sus declaraciones patrimoniales juramentadas, durante el desempeño de sus funciones del período comprendido entre 1 de julio del 2009 y el 30 de junio del 2014, también dio a conocer el Prefecto, asegurando que no se encontraron evidencias de un incremento patrimonial injustificado.
Manifestó que incluso se investigó a su esposa y sus  tres hijos menores de edad en temas patrimoniales como: verificación de declaraciones patrimoniales juramentadas, bienes inmuebles, vehículos, equipos y maquinaria, dinero efectivo en bancos y otras, inversiones, créditos por cobrar y desglose de deudas contraidas.
Indicó que a pesar de toda la investigación la conclusión general de la Contraloría, en el borrador del informe del examen especial se establece que “De la aplicación de los procedimientos de auditoría que fueron considerados necesarios, a base de información recibida de las diferentes entidades y del análisis efectuado a los movimientos de las fuentes y usos de los recursos percibidos por el examinado Ing. Paúl Ernesto Carrasco Carpio, en el periodo auditado, se determinó que no existen elementos objetivos que evidencien un incremento patrimonial injustificado, durante el periodo de análisis”. (BPR) (I)

Fiscal del Azuay se pronunció

Frente a esto  Lisandro Martínez, fiscal del Azuay, expresó que hace un mes y medio aproximadamente inició la indagación por un informe de indicio de responsabilidad penal, por parte de la Controlaría General del Estado. Dijo que ha remitido un informe al Fiscal General de la Nación, quien ha dispuesto que se abra la indagación.
Martínez dijo que en estos días se ha receptado la versión de varios actores especialmente técnicos de la Contraloría General del Estado que «nos han explicado mayores elementos para el proceso».
Indicó que el Prefecto tendrá los argumentos de defensa lo que se respetará como todo proceso. Dijo que todas las actuaciones que realiza la Fiscalía se le ha notificado al Prefecto, incluso el abogado que designó la autoridad ha estado presente en las diferentes versiones que se han tomado.
Expresó que en los próximos días establecerá día y hora para que rindan versión todas las personas que se encuentran investigadas incluyendo al Prefecto.

Cuenca.

Fuente: El tiempo